Diagnóstico para la identificación de iniciativas y propuesta de política pública de migración de retorno.
PRESENTACIÓN
Guatemala carece de una Política Pública Migratoria que asegure la intervención desde una visión de Estado y no solamente de gobiernos, y que garantice la continuidad de programas y acciones puntuales, así como el abordaje interinstitucional de esta problemática.
Su formulación es fundamental, y queda claramente establecida en el Código de Migración (Decreto 44-2016) que es la Autoridad Migratoria Nacional, quien “tiene a su cargo la formulación, creación y supervisión de la Política Migratoria…”; y será al Instituto Guatemalteco de Migración a quien le competa su ejecución.
Esta deberá basarse, entre otros, en los siguientes principios: Respeto a los derechos humanos de las personas; garantía del derecho a migrar, los derechos de los migrantes y el derecho migratorio como categorías distintas pero complementarias; y la seguridad de las personas migrantes durante el origen, tránsito, destino y retorno.
En los últimos años ha habido varias iniciativas desde instituciones del Estado para la formulación de la Política Pública Migratoria, por señalar algunas: del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (CONAMIGUA), y de la Comisión del Migrante del Congreso de la República de Guatemala.
De igual manera, organizaciones de sociedad civil hemos insistido en el tema y presentado propuestas, plasmadas en el documento Aproximaciones de Política Migratoria para Guatemala.
Dentro de todas las problemáticas vinculada a la migración irregular, la del retorno toma mayor relevancia ante políticas antimigratorias y cierre de las fronteras (de países de tránsito y destino), pues las personas migrantes retornan de manera forzada vía deportación y expulsión hacia sus países de origen, o de manera voluntaria (los menores de los casos). Muchas de ellas no logran exponer sus casos y aplicar al sistema de asilo y de protección. Frente a ello, Guatemala es escenario de recepción de miles de personas que vuelven al mismo contexto que los expulsó, y en condiciones de mayor vulnerabilidad. Las personas son expulsadas en origen, tránsito y destino.
La migración de retorno forzado debe comprenderse como parte de un proceso, donde la emigración tuvo causas estructurales (económicas, políticas y de violencia e inseguridad), que deben ser atendidas por el Estado de Guatemala para garantizar el pleno goce de los derechos humanos de los migrantes.
Los impactos inmediatos y a largo plazo de los procesos de retorno forzado, sobre las personas, las familias y sus comunidades, deben abordarse de manera integral e interdisciplinaria, y desde el Estado traducirse en políticas públicas y leyes que garanticen y viabilicen su atención.
Una política que considere el tema del retorno forzado deberá reconocer la gravedad de las causas principales de la migración, y luego la gravedad y la magnitud, las características y efectos de la migración de retorno forzado.
Por ello, la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala (MENAMIG), gracias al apoyo de sus socios y donantes, impulsa una iniciativa de Política Pública sobre Migración de Retorno Forzado y Voluntario, que contribuya a generar un cambio de fondo en el abordaje de la problemática y atención de las personas que retornan de manera forzada o voluntaria.
Sabiendo que la Política Pública Migratoria debe ser integral, es decir, considerar que somos país de origen, tránsito, destino y retorno, hemos enfocado nuestro esfuerzo y aportes en la formulación de una Propuesta de Política Pública de Migración de Retorno, con el objetivo que esta sume a una Política integral.
Para ello, inicialmente se realizó un diagnóstico que diera cuenta de las diversas iniciativas que apuntan a la atención de la población retornada a Guatemala: Programas, proyectos y planes, desde diversas perspectivas y actores. En este sentido, se hizo una revisión de las iniciativas de Política Migratoria; otras políticas públicas que pueden sumar a la atención de la problemática; y las orientaciones del marco jurídico guatemalteco.
Para su elaboración, se consultaron fuentes secundarias e hicieron entrevistas y consultas a miembros de diversas instancias y expertos en la temática.
Finalmente, se elaboró el Proyecto de Política Pública para la Protección, Asistencia y Atención de Personas Migrantes Retornadas. En el proceso de la elaboración del Diagnóstico y el Proyecto de Política Pública, MENAMIG contó con la amplia experiencia del consultor Oswaldo Samayoa.
La propuesta ha sido socializada y nutrida por miembros de organizaciones de sociedad civil que son parte de redes como el Grupo Articulador de Sociedad Civil en Materia Migratoria para Guatemala (GA) y la Mesa de Coordinación Transfronteriza Migración y Género (MTMG); además, organizaciones de base y religiosas, entre otras. A quienes agradecemos haberse sumado a esta iniciativa y acogerla de manera activa.
